El Congreso mexicano aprobó una de las reformas laborales más trascendentales de los últimos años: la conocida como Ley Rider, que modifica la Ley Federal del Trabajo para reconocer derechos laborales a trabajadores de plataformas digitales como Uber, DiDi, Rappi y similares.
Aunque el decreto entró formalmente en vigor el 22 de junio de 2025, la implementación práctica comenzará el 1 de julio con un programa piloto de 180 días que marcará el rumbo de esta nueva regulación.
¿Qué es la Ley Rider?
La Ley Rider busca regular la situación de miles de personas que trabajan para apps de reparto o transporte. Hasta ahora, eran considerados “socios” o “prestadores de servicios independientes”, lo que implicaba que carecían de prestaciones, seguridad social y protección laboral.
La reforma cambia esto: reconoce una relación laboral formal entre las plataformas y sus trabajadores, otorgándoles acceso a los derechos previstos en la ley.
¿Qué establece esta reforma?
A partir del marco legal publicado y sus reglas operativas, se contemplan los siguientes puntos clave:
- Reconocimiento como trabajadores subordinados, cuando la app fija condiciones como tarifas, sanciones, horarios o rutas.
- Alta obligatoria en el IMSS y acceso a prestaciones como seguro social, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y ahorro para el retiro.
- Contrato por escrito, con claridad sobre derechos y obligaciones.
- Libertad de sindicación para los trabajadores de apps.
- Prohibición de represalias por exigir derechos o afiliarse a un sindicato.
¿Desde cuándo aplica?
| Fecha | Evento |
| 22 de junio 2025 | Entrada en vigor formal del decreto publicado en 2024 |
| 1 de julio 2025 | Inicio del programa piloto nacional de implementación (180 días) |
| Enero 2026 | Evaluación de resultados y potencial aplicación total obligatoria |
Durante este periodo piloto, el IMSS y la STPS observarán la implementación de la reforma, ajustarán criterios y establecerán guías definitivas para una aplicación generalizada.
¿Cómo impacta esto a las empresas?
Aunque la reforma regula principalmente a las plataformas digitales, las empresas que hacen uso intensivo de sus servicios también deben prepararse.
Por ejemplo, si su empresa:
- Contrata entregas a través de apps como Rappi, Uber Eats o DiDi Food.
- Recibe insumos o mercancías por medios de transporte tercerizado.
- Realiza operaciones con intermediarios que subcontratan choferes o repartidores.
Entonces debe verificar si esos servicios cumplen con lo establecido en la Ley Rider. De lo contrario, podría haber responsabilidad solidaria, sanciones o incluso litigios laborales en caso de simulación.
Riesgos legales potenciales
- Demandas por encubrimiento de relaciones laborales.
- Multas por subcontratación ilegal o evasión de obligaciones de seguridad social.
- Bloqueo en licitaciones públicas por incumplimientos normativos.
- Reputación afectada ante clientes, empleados y autoridades.
¿Qué deben hacer las empresas desde ahora?
- Auditoría interna: Identificar todas las operaciones que involucren a plataformas digitales.
- Revisión de contratos: Ajustar convenios con terceros o proveedores de reparto/transporte conforme a la nueva regulación.
- Capacitación legal y operativa: Sensibilizar a áreas clave sobre los alcances de la reforma.
- Compliance laboral: Establecer controles que aseguren el cumplimiento de la Ley Rider.
- Consultar asesoría legal especializada.
¿Se acabó la flexibilidad en el trabajo digital?
No necesariamente. La Ley no prohíbe los esquemas flexibles, pero sí exige que las plataformas y los usuarios empresariales respeten los derechos mínimos establecidos en la legislación laboral mexicana.
El objetivo no es cerrar la puerta a la innovación, sino garantizar condiciones dignas para quienes sostienen estas plataformas con su trabajo diario.
Conclusión
La Ley Rider marca el inicio de una nueva era para el trabajo digital en México. Aunque su implementación total será gradual, las empresas deben comenzar hoy mismo a revisar sus operaciones, contratos y políticas internas.
Ignorar esta reforma puede significar costos elevados, sanciones e incluso pérdida de competitividad en el mercado.
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